Derecho administrativo

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Webinar gratuito: «La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales»

06 de febrero de 2023 El sector legal DERECHO DIGITAL

Dentro del ciclo de webinarios sobre la revolución regulatoria que está viviendo Europa en el ámbito digital, el próximo jueves 16 de febrero, a las 17 horas, José Luis Piñar, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, hablará de los fines que persigue la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales

El asesoramiento jurídico y técnico de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor en los procesos de tramitación de las reclamaciones y las demandas de consumo

16 de octubre de 2020 Artículos doctrinales CONSUMIDORES

En este artículo vamos a analizar las consecuencias jurídicas que tiene, para una persona consumidora, presentar una demanda judicial desde el ámbito del derecho civil o presentar una reclamación de consumo desde el ámbito del derecho administrativo, las posibles conexiones y  consecuencias procesales de ambas acciones y los distintos tipos de asesoramiento jurídico que puede recibir la persona consumidora, ya sea por parte del sector profesional de la abogacía como por parte de los técnicos y las técnicas de consumo de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor

El delito de prevaricación urbanística

20 de mayo de 2020 Artículos doctrinales URBANISMO

El delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP no es sino una especialidad del delito más genérico de prevaricación penado en el 404 del mismo texto legal, a cuya penalidad remite en parte y de cuya naturaleza y requisitos participa. El Derecho Administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora de primer grado, reservándose el Derecho Penal para las infracciones más graves

De cómo el Derecho se escapa por la ventana cuando a un tribunal le viene en gana 

06 de abril de 2020 Artículos doctrinales

La STJUE de 19 de marzo de 2020 deja sin resolver el problema de los funcionarios interinos. Diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea alentaron expectativas de fijeza o indemnización a los funcionarios y personal estatutario en régimen de Derecho Administrativo, de similar manera al personal laboral, no sólo del sector privado, sino de las administraciones. En la Sentencia comentada, el Tribunal devuelve la pelota a los órganos competentes de los estados miembros. ¿Dónde queda el efecto directo y la prevalencia del Derecho Comunitario? Sigue leyendo.

El silencio administrativo. Últimas modificaciones: especial incidencia en los procedimientos que puedan afectar al medio ambiente

El objeto del presente artículo es ofrecer un análisis de las principales novedades introducidas por la nueva normativa en el ámbito administrativo; fundamentalmente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo al silencio administrativo, como institución jurídica propia del Derecho Administrativo; sus particularidades y las principales cuestiones que surgen en la práctica.

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

Aplicación práctica de la nueva legislación de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo. Cuestiones fundamentales

Universidad de Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2017.- La Jornada se presenta como un foro de debate en el que se analizará la aplicación práctica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , en vigor desde hace más de un año.

Privatización de empresas públicas y contratación administrativa: huida y reconquista del Derecho Administrativo

A partir de la década de los ochenta, las privatizaciones se convirtieron en una práctica común de la política económica de multitud de países. Una práctica que también se acometió en España, tras su entrada en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, momento en el que las empresas públicas de nuestro país se vieron obligadas a iniciar su adaptación a la normativa comunitaria sobre desregulación y defensa de la competencia.

El principio de proporcionalidad y el derecho administrativo sancionador de extranjería: material y procedimental

El concepto de migraciones ha devenido históricamente, ya que el fenómeno de las migraciones ha existido desde los comienzos de la Historia, entendiéndose en cada época de un modo u otro pero siempre siendo el pilar básico de este fenómeno las razones económicas. Sin embargo, ha sido en los últimos años, este conepto ha sufrido un cambio radical.

El Derecho a la información ambiental como presupuesto para la protección del medioambiente: los casos español y argentino

El Medioambiente se configura, en términos técnicos, como un Bien Jurídico Colectivo, como un auténtico derecho humano y fundamental, cuyo objeto ha de ser susceptible de defensa y protección. Ahora bien, dicho esto, la paradoja más chocante con la que cuenta el Derecho Ambiental (que no deja de ser, en su mayor parte, Derecho Administrativo, derecho público garantizador) es que los poderes públicos, estando concebidos como protectores y defensores del Medioambiente, aparecen en numerosísimas ocasiones como agentes agresores del propio sistema ambiental.

El personal eventual: Análisis jurisprudencial. Concepto y Evolución Histórica (I)

La Administración Pública, como toda organización, requiere para el cumplimiento de sus fines, el empleo de unos medios materiales, unos recursos financieros y unos medios o recursos humanos. Estos medios personales están constituidos por el conjunto de personas que prestan sus servicios en las distintas Administraciones Publicas, conjunto que, evidentemente, no es homogéneo sino todo lo contrario, por cuanto dentro de él podemos encuadrar tanto al personal político como a los trabajadores o empleados públicos, y dentro de éstos últimos a todas aquellas personas que prestan sus servicios profesionales de una forma u otra en la propia Administración.

El Consejo Audiovisual de Andalucía

El artículo 16.1. del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, atribuía a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas en materia de protección del cumplimiento de la normativa audiovisual vigente en el ámbito de los medios de comunicación social de Andalucía. Asimismo, el artículo 16.2. reconoce a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de “medios de comunicación social”, que han de ejercitarse en el marco de las normas básicas del Estado, cuya previsión constitucional viene recogida en el artículo 149.1.27.ª que reserva al Estado las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas”.

Límites jurídicos a la huida del Derecho Público de los entes instrumentales del Sistema Nacional de Salud

La aparición de nuevas formas de gestión de la sanidad pública se ha caracterizado por la introducción de elementos propios de la gestión privada. Para tal fin se han elaborado un entramado jurídico que afecta no sólo afectó, en su día, al Sistema INSALUD o al Sistema Sanitario de algunas CCAA, sino que se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud. La ausencia de criterios doctrinales y jurisprudenciales respecto a la naturaleza jurídica de estos nuevos entes, como el Ente Público de derecho Privado, Fundaciones Públicas Sanitarias etc… ha provocado una situación vacilante en distintos ámbitos doctrinales y jurisprudenciales. En definitiva ha provocado una primera confusión en los operadores del derecho que poco apoco se va reconduciendo y que, en gran medida, tienen relación con la doctrina de la huída del derecho Administrativo.

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